Por: Juan Guillermo Pérez Hoyos
En el mes de noviembre empezará a regir un nuevo impuesto para los colombianos, el impuesto de la energía eléctrica que vamos a pagar a perpetuidad para reembolsar los dineros perdidos en ese otro monumento a la corrupción llamado Electricaribe. Como los colombianos vivimos de eufemismos y somos buenos para la prosa, la cosa se presenta como una sobretasa temporal para “apalancar algunos frentes de inversión planteados en los esquemas de solución de empresas intervenidas”. Esta frase rimbombante traducida al habla cotidiana quiere decir que, bajo la figura de esa sobretasa, algunos colombianos de todo el país vamos a pagar los dineros que ya pagaron otros colombianos de una región por un servicio de energía eléctrica mal prestado, dineros que se perdieron en los vericuetos de la corrupción, callejones en los cuales no quieren entrar a buscar ni al dinero ni a los ladrones, de pronto los encuentran.
La Constitución de 1991 define a la tasa como el tributo que se cobra para recuperar los costos de los servicios que el Estado les presta a los ciudadanos; dicho de otra forma, donde no ha habido la prestación de un servicio no puede existir el cobro de una tasa, y donde no hay tasa, no puede haber sobretasa. La sobretasa es una cosa que tributariamente no tiene definición ni se incluye como una especie del género de los tributos, y solo se puede entender a partir de la etimología que la define como el recargo sobre una tasa ordinaria. La sobretasa por sí sola es una exacción, pues carece de sustentación; pero es más grave cuando se extiende a quienes no se les ha prestado el servicio, bajo el sofisma de la inversión nacional pero con el destino de solventar la fuente regional del despilfarro.
Lo que nos van a cobrar con este impuesto a la energía no es una cifra de poca monta. Sumemos. Se habla de $216.000 millones a recuperar, girados a esa empresa del Fondo de Solidaridad para Subsidios (vean en qué terminan los subsidios que cobran a los estratos 5 y 6); las pérdidas acumuladas de Electricaribe ascienden a $1.5 billones, aunque suene extravagante hablar de pérdidas en este tipo de empresas que llegan con su factura y su poder al último rincón del país; el Estado afronta en estrados internacionales una demanda de la española Gas Natural Fenosa, dueña de Electricaribe, por US$1.626 millones, es decir $5.7 billones al cambio de hoy, con tendencia al alza y con grandes posibilidades de derrota para el país al decir de los entendidos; los pasivos de Electricaribe con el sector financiero, sus proveedores y su pasivo pensional juntos, alcanzan los $4.6 billones. Mal contados, hasta aquí llevamos un pequeño hueco de doce billones. Equivale al recaudo de dos reformas tributarias agresivas, como las dos últimas. Si la aritmética no nos falla, contando únicamente a Electricaribe y al déficit del recaudo de la ley de financiamiento, la próxima reforma tributaria nace con una meta de veinte billones de pesos a cobrarnos a los colombianos. Y recuerden que aún no hemos pagado los $17 billones de Reficar. Igual que el gravamen a los movimientos financieros, la sobretasa es un impuesto que llegó para quedarse.
Una desgracia colombiana es la de que pagamos unos impuestos que no se ven. Otra, que pagamos en oro unos servicios de lata. Y luego, cuando la corrupción se lleva todo eso que hemos pagado, nos toca volver a pagar para volver a llenar el barril para que se vuelvan a llevar el dinero, y así se nos va la vida en un círculo vicioso, como tratando de llenar de agua un balde lleno de huecos.