Por: Juan Guillermo Pérez Hoyos
El efecto coronavirus en la disminución del recaudo de impuestos, considerando que la meta para este año está cifrada en $158 billones, puede alcanzar los $13 billones. La cosa iba viento en popa en el primer bimestre ($29.7 billones), pero se atravesó el irresistible coronavirus y la desaceleración es inevitable.
Para atender la crisis viral el gobierno ha puesto $14.8 billones, tomados de dos Fondos nacionales. Estudios realizados sobre la corrupción en el país muestran que el sector salud es el tercero en casos de corrupción, con el 13% de los casos presentados, que, para el periodo 2016-2018, ascendieron a $3.2 billones. Si a ello le sumamos casos tan sonados en el sector como Saludcoop, Caprecom, Cajanal, más los estimados de corrupción del 2019, llegamos por ahí a los nueve billones de pesos, sólo en los últimos años, lo que nos deja claro que la precariedad de nuestro sistema de salud para atender el coronavirus no proviene del hecho científico sino del hecho social y económico de la corrupción, esa sí una verdadera pandemia como dice el procurador Carrillo.
Según Kalmanovitz, la crisis de los precios del petróleo le costará al Estado colombiano $12.8 billones, sumando lo que se deja de recibir por dividendos de Ecopetrol y por impuestos. La Ley de Crecimiento le dejará al país un recaudo menor de impuestos por $4.9 billones (Fedesarrollo). Sumados, los recursos a reponer por estas pandemias y crisis alcanzan un total de $31.5 billones. Una cantidad inferior a la de lo que nos cuesta la corrupción en un año. Pero habrá que reponerlos.
Frente a la debacle financiera y a la profunda iliquidez general, el gobierno ha considerado que sólo los contribuyentes con actividad de agencia de viajes, operador turístico, bar, restaurante y cafetería, tienen plazo ampliado hasta el 30 de junio para pagar el IVA correspondiente hasta el mes de abril. Otra medida ha sido ampliar el plazo en una semana para declarar y pagar el impuesto de renta de grandes contribuyentes y personas jurídicas, luego de un mes de parálisis absoluta de la economía. Excepto por la ampliación de plazos otorgada a las entidades no lucrativas que quieran mantenerse en el régimen especial y a las entidades reportantes a la Superintendencia de Sociedades, no aparecen más cambios para el pago de impuestos ni para el cumplimiento de obligaciones formales. Pero es que no se trata solo de esto, es urgente reestructurar todo el calendario de plazos para declarar y pagar impuestos y para el cumplimiento de obligaciones formales tributarias.
Pero no todo es sacrificio y llanto. En esta crisis ya se van perfilando ganadores. Empecemos con el sector financiero, al que se han limitado a pedirle que los deudores podrán acordar nuevos plazos para el pago de sus deudas; claro, también podrán las entidades no otorgarlos, dejando a las personas en las fauces del lobo en tiempos del cero ingreso.
Salen victoriosas las EPS y los entes territoriales de salud que adeudan a hospitales y clínicas una suma alrededor de los $31 billones, y nadie les pide que paguen, ni siquiera las mencionan. En medio de la tensión social que producen la exposición a despidos masivos y la ausencia de medidas concretas para paliar la situación de dieciséis millones de informales, se acaba de decretar el aumento de una bonificación especial para toda la rama judicial y la justicia penal militar, retroactiva al primero de enero, aumento tasado por el gobierno en un 35% más que el IPC del año pasado. La prima del coronavirus, se podría llamar.
Seguramente este confinamiento obligatorio no va a producir un cambio diametral en la moral y en la ética de la especie humana, pero, al menos, debería generar una nueva especie de colombianos, la de unos ciudadanos vigilantes de los recursos, más atentos a su inversión adecuada y menos contemporizadores con la corrupción después de sufrir sus devastadores efectos en la salud pública e individual.